
La memoria democrática o, como se había llamado hasta hace poco, la memoria histórica, es un tema constante en nuestro cine y literatura. Entre otras muchas, se pueden citar películas como El maestro que prometió el mar, La invasión de los bárbaros, La lengua de las mariposas, Las 13 rosas o La voz dormida. Y es que después de cuarenta años de historias sin contar, había llegado el momento de luchar contra la desmemoria.
En nuestro teatro la memoria democrática tardó en encontrar su sitio, y no fe hasta bastante más tarde de la transición cuando primero la memoria histórica, con la ley de 2007, y luego la memoria democrática con la de 2022, le dieron carta de naturaleza en orden a la legislación nacional, al margen de las disposiciones de algunas comunidades autónomas.
Pero la primera pregunta que surge es ¿qué es la memoria histórica/democrática? Una cuestión que dista de ser pacífica porque, aunque en un primer momento lo fue, con relación a las víctimas de la represión franquista, últimamente ha sido cuestionado por determinados sectores que pretenden mostrar la historia como una guerra entre bandos sin más, sin tener en cuenta los cuarenta años de represión contra quienes no estaban alineados con los dogmas de la dictadura.
Según la IA “la memoria democrática en España engloba las leyes, medidas institucionales y acciones sociales destinadas a reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Sus pilares fundamentales son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”
Por su parte, la Wikipedia nos dice que “La memoria democrática se entiende como todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas y de las entidades locales con el fin de reivindicar a las víctimas de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco«
Así pues, esta es la postura de la legislación estatal y, aunque algunas Comunidades Autónomas han cambiado el término por el de “concordia” y han variado el concepto, con una ampliación que va mucho más allá de espíritu de la figura, es por ello por lo que ha sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional, que es quien tiene la última palabra.
En Toguilandia, aunque haya quien defiende lo contrario, aun se pueden hacer cosas en esta materia. Se pueden y se deben, según los dictámenes de tribunales internacionales y de convenios de los que nuestro país es parte. De modo que no basta con decir que es aplicable la ley de amnistía o que el hecho ha prescrito para dictar un sobreseimiento de modelo sin más fundamentación. Ni siquiera debería ser admisible el sobreseimiento porque no hay autor vivo conocido sin más. Lo procedente es hacer una investigación y determinar cuáles fueron los hechos sin perjuicio de que en la vía penal no puedan perseguirse, salvo en algún caso en que sean más recientes y sí sea posible, al menos teóricamente.
Lo dicho vale para la vía penal, pero, como digo muchas veces, no solo de Derecho Penal vive el jurista, así que hay otros caminos para lograr esa reparación. Uno de ellos sería la vía civil, a través de la declaración de hechos pasados por la vía de la jurisdicción voluntaria, un heredero de las antiguas declaraciones de perpetua memoria empleadas para otros fines.
Por otra parte, la vía administrativa es la que en muchos casos ayudará a familiares de víctimas de personas desaparecidas a localizar en fosas a sus seres queridos para poder darles lo que siempre se les negó, una sepultura digna. Y no digo devolverles la dignidad porque la dignidad siempre la tuvieron, aunque se negaran a reconocerla.
Para impulsar estas funciones y de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática se crea la figura de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos fiscal de la máxima categoría en la carrera fiscal, y, paralelamente, la figura correspondiente en cada fiscalía. Un cargo que hay quienes todavía creen que es meramente decorativo, pero que trabaja más allá del Derecho penal convencional y ha logrado reparar en lo posible la herida existente todavía, en muchas familias españolas.
Así, como fiscal de memoria democrática de mi fiscalía, he tenido la satisfacción de contribuir a la localización y entrega de restos de desaparecidos, y el honor de asistir a uno de esos actos. Todavía se me ponen los pelos como escarpias recordando la emoción de un nonagenario que, por fin, conseguía enterrar a su padre.
Hoy, en vísperas de conmemorar uno de los hechos más icónicos de la memoria democrática, el asesinato de las 13 rosas, quería dedicar mi estreno y mi aplauso para todas aquellas personas que no han cejado en esta lucha. Sin olvidar, por supuesto, mi homenaje a las víctimas. Porque, como dijo el filósofo Santayana, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Una frase que, por cierto, se ha atribuido falsamente a otros como Napoleón o Lincoln.








