La vida rural ha dado lugar a numerosos estereotipos -y no tanto- que han motivado verdaderas obras maestras del cine, como Los santos inocentes o comedias propias de una época, como La ciudad no es para mí. Y, por supuesto, un filón para las películas alemanas bucólico románticas con las que la cadena pública nos facilita la siesta los fines de semana. Y eso siempre se agradece.

              En nuestro teatro la diferencia entre pueblos y ciudades, y a su vez, entre ciudades grandes y pequeñas tiene importantes consecuencias. Aunque, en realidad, más que de pueblos y ciudades deberíamos hablar, por un lado, de capitales de provincia y poblaciones que no lo son, y, por otro, de poblaciones con un considerable número de habitantes y con un no tan considerable número. Aunque, como siempre pasa en la Administración de Justicia, todo esto es un lío imponente que proviene de una planta judicial de hace dos siglos y de unas leyes a juego con ellas. Para entendernos, de cuando las distancias se salvaban con coche de caballos y las comunicaciones por Internet no eran capaz de imaginarlas ni el mismísimo Julio Verne.

              Todo este rollo viene a propósito de explicar el tema a que dedicamos el estreno hoy, los Juzgados Mixtos, o sea, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Estos juzgados son aquellos cuyas competencias suman todos los temas civiles y penales, a los que en algunos casos se añadía el Registro Civil o la Violencia de Género. Una mezcla a veces imposible de conjugar, sobre todo teniendo en cuenta que a esos juzgados solían ir los jueces y juezas recién salidos del horno, es decir, de la Escuela Judicial. Ahora tampoco eso es un criterio, ya que con el advenimiento de situaciones temporales que se hacen definitivas -los famosos JAT que y tuvieron su propio estreno- y de las plazas en expectativa de destino, las togas pueden estrenarse en cualquier juzgado, incluso los dedicados a especialidades como social, contencioso, mercantil o inventos como el de los juzgados de claúsulas suelo. Un pastiche difícil de comprender, pero es lo que hay.

              Pero, volviendo a los Juzgados mixtos, estos se caracterizan, además de por sus extendidas competencias, porque corresponden a pueblos o ciudades con un índice poblacional mediano o pequeño. Algunos, tan pequeños que ni siquiera existe ningún otro en la misma población, viéndose abocados a una situación tan esclava como la guardia permanente.

              Para que quienes no sean duchos en el tema se hagan una idea, en estos juzgados igual se instruye un asunto enorme de corrupción que el hurto de un salchichón, una demanda millonaria contra una empresa que el incumplimiento de la obligación de entregar la cesta de navidad que te tocó en el sorteo, el divorcio del siglo o la reclamación de la cuantía de las gafas el niño. Tan pronto acuden a un levantamiento de cadáver como a la entrada y registro de un prostíbulo. Y si, además, llevan Registro Civil, casan o dan o deniegan la nacionalidad. Y si suman la violencia de género, llevan estos asuntos y conceden o deniegan órdenes de protección. Y, con frecuencia varias de esas cosas el mismo día, porque la Ley de Murphy es lo que tiene.

              La cuestión es que, al hilo de esto, surge una pregunta que se repite cíclicamente. ¿Centralización o descentralización? Es lo que ahora se ha puesto sobre la mesa con la llamada comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la mujer, que también se llamó «extensión de la jurisdicción». La cosa consiste en juntar varios partidos judiciales para crear un único juzgado de violencia sobre la mujer, con especialización y competencia exclusiva. Algo que tiene sus ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas, la tan cacareada especialización -siempre que sea real y no un mero cursillo para cubrir el expediente- y la exclusividad, que impide que se demoren las cuestiones de esta materia porque surja cualquier otra. Entre los inconvenientes, que se alejan los juzgados de los domicilios de las víctimas, cuando la ley había establecido la competencia de su domicilio y no la general del lugar de comisión del delito. ¿Cómo cohonestar ambas cosas? Pues teniendo en cuenta todas las circunstancias, especialmente la lejanía, el acceso a medios de transporte, y la existencia de comisarias o colegios de la abogacía diferentes. Porque si no se tiene en cuenta todo esto, puede hacerse desistir a la víctima, y eso es muy peligroso. Aunque, de otro lado, siempre está el argumento de que si alguien quiere curarse un cáncer, prefiere desplazarse al hospital de referencia por lejano que sea que al ambulatorio de bajo de casa. Lo mejor es llegar a ese punto medio donde está la virtud, pero lo difícil es encontrarlo.

              Lo cierto es que otras materias, tan sensibles como Menores o Laboral, están centralizadas en la capital y nadie lo cuestiona. Y también puede ser costoso el desplazamiento para un menor o para una persona que ha sido despedida injustamente. Un elemento más para la reflexión.

              El caso es que quienes despachan estos juzgados son verdaderos héroes y heroínas, expuestos a que cualquier día les caiga un asunto gordísimo para el cual no tienen medios, ni tiempo. Hay un ejemplo de un juzgado de Castellón donde, tocados por la lotería del reparto con un asunto de corrupción de enormes proporciones, veía pasar a un titular tras otro sin solución de continuidad. Y no era por ninguna conspiración que quisiera apartarlos del juzgado, como se empeñaban en ver algunos medios de comunicación, sino porque en cuanto se acababa el tiempo de congelación  -dos años, que antes era uno, en los que no se puede concursar a otro juzgado- salen huyendo como alma que lleva el diablo. Y con razón.

              Así que la próxima vez que se critique a quien lleva uno de estos juzgados -sea juez o jueza, fiscal, LAJ o funcionario- pensemos todo lo que llevan encima en las trincheras de cada día. Que ya dice el refranero que quien mucho abarca, poco aprieta. Y ahí se abarca mucho, pero no por su elección.

              Por eso les dedico hoy mi aplauso. Porque lo merecen