Los cambios siempre han existido. Hay a quien le gustan más y a quien menos, y hay quien, sencillamente, no los soporta. En el mundo del espectáculo se ha vivido, y asumido, un cambio tras otro. De los Días de radio a la televisión, del Cinema Paradiso a las plataformas digitales, del blanco y negro al color o del cine mudo al sonoro que nos Cantaban bajo la lluvia. Un cambio tras otro, una adaptación tras otra, y muchas cosas en el camino. Como la vida misma.

Nuestro teatro también ha pasado por reformas que han cambiado sustancialmente nuestra vida. Y, aunque hay de todo, la mayoría de ellas han sido a peor. A peor, sin duda, para quienes transitamos Toguilandia y, en muchos casos, también a peor para nuestro público, la ciudadanía. Y es que, por más que digamos, una reforma tras otra, que deberían asesorarse de gente que estuviera acostumbrada a este mundo, no suele ser así. Y luego, pasa lo que pasa.

He hecho una pequeña cuestación entre mis compis para que me cuenten sobre esos cambios que machacaron sus vidas. Su experiencia, unida a la mía, ha dado como resultado este estreno que, sin ánimo de exhaustividad, nos propone un viaje por la historia judicial reciente. Por supuesto, vamos a limitarnos a viajar por las leyes posteriores a la Constitución., remontarnos antes requeriría usar el famoso condensador de fluzo de Regreso al futuro que he pedido a Amazon y aun no me ha llegado. Abróchense los cinturones, que despegamos.

Una de las primeras reformas que supusieron un cambio importante en el modo de trabajar fue la sentencia del Tribunal Constitucional de 1988 que declaró nulo el Procedimiento urgente para delitos dolosos, menos graves y flagrantes, el famoso PELO. Según nuestro máximo intérprete constitucional, el hecho de que el mismo juez que instruía un asunto lo fallara vulneraba las garantías. Así que hubo que despedirse de tal procedimiento, por el que se juzgaban la inmensa mayoría de los delitos, sin que nos hubieran dado tiempo a prepararnos para el entierro. Por supuesto, hubo que regular un nuevo proceso, el Abreviado -vulgo PALO-, que jamás hizo honor a su nombre, porque ni era breve, en la mayoría de los casos, ni era especial, como lo consideraba la LEcrim, ya que era y es el procedimiento por el que se juzgan un porcentaje altísimo de nuestros asuntos. El “adiós, PELO, hola PALO” trajo consigo, según me cuentan, casi un año entero en el dique seco, y luego un tiempo en que se trabajó como nunca se había hecho.

En mi caso, las primeras reformas gordas que recuerdo, en mis inicios toguitaconados, fueron dos, una buena y una mala, como las noticias. Para empezar por la buena, se trataba de la ley y posterior circular que nos permitía no acudir a algunos juicios de faltas, en esencia, los que requerían denuncia. Librarse de un montón de juicios por tráfico era un ahorro de tiempo importante, aunque luego se matizara haciéndonos ir  en determinados casos de trascendencia, como en el caso de que hubiera personas fallecidas

La segunda fue un verdadero terremoto en la organización que existía hasta entonces en la fiscalía. El advenimiento de las comparecencias de prisión nos obligaba a una presencia física en las guardias que hasta entonces no teníamos, salvo en el caso de grandes capitales. Con ella, nos trajeron nuestra particular bola de preso, el busca, ese aparato del infierno con el que hoy se morirían de risa nuestros hijos, y que te obligaba a buscar un teléfono, en muchos casos, una cabina, que eran mucho más que la película de Mercero. Justicia fue la última institución en incorporar los teléfonos móviles para las guardias, y aún hay todavía muchos  de primera generación en uso. Aquellas guardias no se retribuían aunque, mucho tiempo más tarde y vía recurso, se logró que nos las abonaran en el futuro y con carácter retroactivo salvo las prescritas. Ya se sabe que, en casa del herrero, cuchara de palo.

Pero si hay una reforma que marcó una generación, fue el cambio de Código penal. Por fin llegaba, en 1995, el ansiado -salvo para los opositores, claro- Código de la democracia. Atrás quedaron aquellas propuestas del 82 y el 83 que estudiamos y nunca llegaron a buen puerto. Y quienes estábamos acostumbrados a un sistema de penas donde cada una tenía su propio nombre -prisión menor y mayor, reclusión menor y mayor- y se dividían en tres grados, nos encontramos de golpe con otro sistema donde la pena de prisión no tenía apellidos y los grados se reducían a dos, amén de varias penas de nuevo cuño. La revisión de aquellas ejecutorias fue de las cosas más pesadas que recuerdo. Nada menos que volver a ver, una por una, cada causa, y decidir si la pena de antes era mejor o peor que la de ahora.

No fue la única vez en que tuvimos que revisar causas, esos nos ocurre cada vez que cambian delitos o penas. Me recuerda una compañera la reforma de la seguridad vial que nos obligaba a preguntar a cada penado si prefería multa o trabajos en beneficio de la comunidad, algo que se produjo, entre otras cosas, con la supresión de la pena de arresto de fin de semana. Por el contrario, en el caso de la seguridad vial, mejoró bastante nuestra posición el establecimiento de una tasa objetiva, aunque hay que reconocer que quitó gracia a algunos juicios en que discutíamos como si no hubiera un mañana si los síntomas afectaban a la conducción del acusado. Por supuesto, volvió a ocurrir con la enésima reforma, la que reformó la suspensión de la ejecución y nos dejó sin parte del margen para conformar con la sustitución que tan bien venía para algunos casos

De esa misma época es la llegada de un proceso que sigue dando quebraderos de cabeza, el jurado. Y no solo por el juicio en sí sino, sobre todo, por la cantidad de comparecencias y requetecomparecencias que hay que hacer a lo largo de la instrucción. Por supuesto, había que cambiar el chip a la hora de informar, porque no se podía hablar a personas legas en derecho de cosas como el dolo eventual o la posición de garante. Por cierto, con esta reforma venía un premio extra que nos colaron de rondó: la supresión del antejuicio, un juicio previo cuando quien va a ser enjuiciado es juez o fiscal por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, que persiste en muchos países de nuestro entorno que presumen de no tener aforamientos.

Porque no sea todo malo, podemos recordar supresiones que fueron un alivio. Entre ellas, la de la falta de conducción sin seguro, regulada de un modo tan absurdo que hacía que en la vía penal se impusieran sanciones menores que en la administrativa. Otras, como el abandono de jeringuillas o las mordeduras de perro ni siquiera se han notado. Y, al final, todas ellas se fueron, sustituidas por los levitos que no tienen ni la mitad de gracia. Aun recuerdo aquellas sesiones dedicadas a las discusiones entre vecinas porque una le dijo a otra que no se lavaba la faja o porque le tiraba la lejía al tendedero para mancharle la ropa.

Otro momento crucial fue la llegada de las medidas de protección en 2003, primero, y la ley integral de violencia de género, después. La comparecencia de la orden de protección multiplicaba nuestra presencia y nos hacía cada vez más necesario el don de la ubicuidad. Por su parte, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer, en sus múltiples modalidades según su exclusividad, cambiaban el reparto de fiscalía de un modo considerable.

Habíamos nacido “los especialistas”, como ya habían empezado a existir en Menores y pronto lo harían en Civil. Después fueron creándose delegaciones de diversas materias con tantas modalidades de regímenes de compatibilidad o exclusividad que sería imposible exponerlos.

Al hilo de esto, las reformas en materia de Menores, donde se le atribuía la instrucción al fiscal, cambió radicalmente la organización de las fiscalías e introdujo un modelo que demuestra que es posible instruir por la fiscalía sin que le caigan a nadie los palos del sombrajo

Por su parte,  la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 nos regaló otro embolado de los gordos. De pronto, el fiscal era necesario en Derecho civil.  Y, de nuevo, una reorganización de las fiscalías para conseguir llegar a todo. Suma y sigue a esa fiesta en la que nunca puede faltar un fiscal, sea un expurgo o una comisión de asistencia gratuita.

Para acabarlo de arreglar, quienes nos gestionan pusieron la guinda al pastel, con cosas como la supresión de los sustitutos y la llegada de las sustituciones forzosas y la mal llamada Justicia digital -porque o no es justicia o no es digital- que tienen a más de un compañero volviéndose loco con tanto absurdo

De ellas y de la otra gran afrenta que nos calló encima, el límite de la instrucción nos quejamos hasta la saciedad, logrando la unión que para otras muchas cosas no conseguimos. Pero fue en balde, ahí siguen, como sigue el maldito 324 con su bomba con temporizador incorporada. Veremos si esta vez es verdad eso de que van a derogarlo, que yo, como Santo Tomás, hasta que no lo vea en el BOE no lo creeré.

Y hasta aquí un pequeño resumen de cómo cada cambio hace que nos pongamos a temblar, porque la experiencia nos dice eso de Virgencita que me quede como estoy. Sin olvidar a los pobres opositores, primeras víctimas de estas veleidades legislativas. Para ellos y para quienes sufrimos estas cosa, el aplauso. Y hoy, tomates para quienes los causan y para quienes no saben arreglarlo. A ver si alguien se pone las pilas.