Como todos sabemos, hoy en día es difícil que ninguna empresa relacionada con el espectáculo sobreviva si no tiene su propio gabinete de prensa, que se encargue de anunciar sus estrenos y sus representaciones, sin nadie que “venda” su producto. Y en nuestro teatro pasa algo parecido. En un mundo como el que vivimos, en que los medios de comunicación están al alcance de todos en un nanosegundo, no podemos mirar hacia adelante sin una adecuada política de comunicación. O sin una política de comunicación si más. Aunque a veces en Justicia lo de mirar adelante es casi una utopía.

        No es fácil hablar de este tema para quien, como yo, sobre sus tacones y con o sin toga, dedica parte de su vida profesional a este cometido. Así que, como he hecho otras veces, volveré a mi atalaya de voz en off como he hecho otras veces. Ventajas de ser la dueña y señora de mi propio blog.

         A nadie se le escapa que la información que sale de Juzgados y Fiscalías suele ser algo interesantísimo para la opinión pública, que los periodistas necesitan saber porque la gente quiere saber. Y no solo eso: tienen el derecho a saber, porque la Constitución reconoce el derecho a recibir información veraz. Y nosotros somos los garantes de los derechos de los ciudadanos, así que también es obligación nuestra que lo sepan. La pescadilla que se muerde la cola, vaya. Algo mucho más fácil de lo que muchos quieren ver.

        Pues para eso precisamente están los gabinetes de comunicación de los Tribunales y las portavocías de las Fiscalías. Para facilitar a los medios de comunicación las noticias que demandan y aquéllas que consideren que deban conocer. Su responsabilidad no es pocas cosa: de ellos depende, en gran parte, la imagen que los ciudadanos tengan de nuestro gran teatro. Condenados a entendernos, más nos vale que lo nuestro sea más parecido a Amor sin fin que a La guerra de los Rose, ¿no?

        Eso sí, aunque el fin sea el mismo, el medio elegido es diferente según hablemos de la carrera judicial o de la carrera fiscal. En la primera se ha optado por un modelo de gabinete profesional, llevado por periodistas, con organización y medios propios, aunque sean escasos. En la segunda, por un fiscal portavoz, que asumirá el jefe respectivo o persona en quien delegue, sin organización ni medios propios. Las ventajas del primero, mejor conocimiento del mundo del periodismo; las del segundo, un mejor conocimiento del mundo del Derecho. Pero el fin el mismo, que no es poca cosa: informar.

         Pero sea cual sea el modelo, tropezamos con un denominador común: la dificultad que la delicadeza de los temas, la urgencia, y las prevenciones que hacia la prensa tienen todavía muchos jueces y fiscales. Y, por supuesto, el conflicto entre la necesidad de conocer y la necesidad de preservar determinadas cosas para no frustrar la investigación. Un lugar donde el fiel de la balanza de la justicia oscila en un precario equilibrio. Por no hablar de los medios, como siempre: escasos para los jueces, e inexistentes para los fiscales.

          En cualquier caso, lo más necesario sigue siendo ingresar de una vez en el siglo XXI. Cambiar la mentalidad y percatarnos que, igual que ningún artista, por bueno que sea, triunfará si nadie lo conoce, tampoco triunfará nuestra representación, por más esmerada que resulte, si el público no se entera. Y no se enterará si no se lo contamos.

         Hay que insistir. Los micrófonos no comen a nadie, ni las cámaras matan. Así que facilitemos su trabajo para que ellos puedan mostrar todo lo que hacemos. Y aplaudamos, cómo no, a aquéllos que lo hacen posible. Siempre que lo hagan bien, claro.