Todas las personas tenemos nuestra ideología, incluso quienes niegan tenerla. Por desgracia, la ideología ha sido la causa de múltiples contiendas y de guerras fratricidas, como nuestra Guerra Civil, que tantas horas de cine nos han proporcionado, empezando por la exitosa La bola negra hasta muchas otras como La vaquilla, Las bicicletas son para el verano El maestro que prometió el mar, Ay Carmela o La invasió dels barbaros, entre otra muchas.

              En nuestro teatro, la ideología teóricamente no debe existir. Quienes juzgan y quienes de una u otra manera formamos parte de Toguilandia, debemos realizar nuestro trabajo dejando totalmente de lado nuestra propia ideología. ¿Pero esto es realmente posible? De eso trataremos de reflexionar en este estreno.

              En primer término, hay que aclarar que el término “ideología” solo aparece en nuestro Código Penal entre los motivos de delitos de odio, tanto en los tipos de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, que constituyen el tipo básico de los delitos de odio y discriminación, como en la agravante de discriminación y los tipos concordantes.

              Quizás la otra refe4encia jurídica más importante vendría dada por la prohibición que la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a la judicatura y la fiscalía de hacer descalificaciones directas o ataques personales a miembros del Gobierno o líderes de partidos políticos, complementaria de la prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos que establece la Constitución y a participar por razón de su profesión en reuniones públicas, manifestaciones o mítines de carácter político.

              No obstante, estas prohibiciones vienen matizadas por la colisión del derecho a la libertad de opinión de la que gozamos como ciudadanos y ciudadanas y han sido muchas las resoluciones que han tenido que resolver en casos concretos sobre esta colisión, que se suele resolver a favor del derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, salvo infracciones flagrantes o evidentes.

              Curiosamente -o no- cuando se trata de Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional, esta prohibición no existe, y a buen seguro que habrá muchas personas que recuerden el caos de un presidente que estaba afiliado a un partido político. Y, como dice el refrán, la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino también parecerlo, aunque yo abogo por que sea el César el honesto y a su mujer la dejen tranquila.

              En cualquier caso, aquí hay mucha tela que cortar. Por más que queramos evitarlo, la existencia de asociaciones profesionales que se tildan de “conservadoras” o “progresistas” ya hace que se etiquete a profesionales en virtud de esa pertenencia -que no afiliación- y también hacen que haya quien decida no asociarse para que no se le etiquete. Algo que perjudica al asociacionismo profesional, que debería unirnos en pro de unas carreras que no tienen otro modo de hacer valer sus derechos laborales, habida cuenta la prohibición de sindicarnos.

              Pero una cosa es lo que se cree y otra lo que ocurre en realidad. En la inmensa mayoría de los casos, resolvemos al margen de nuestras creencias personales, e incluso he conocido casos en que los medios de comunicación han tildado a uno u otro juez o fiscal de ser de una u otra tendencia en virtud de lo resuelto respecto de un político. Pero puedo asegurar que, sobre todo en caso de alcaldes de pueblos más o menos pequeños, no siquiera conocemos la adscripción política de quienes se van a sentar en el banquillo.

              Lo contrario de esto, que es lo que debería para, es el denominado “lawfare”, que de tantas resoluciones judiciales se ha predicado. He de decir que en unos casos con razón y en otras sin ella, pero no voy a ser yo quien lo determine, so riesgo de incurrir no solo en la prohibición legal de que hablaba antes sino de las más elementales normas de prudencia.

              Y, como de muestra vale un botón, contaré algo que he visto hace poco. Como se dice el pecado, pero no el pecador, no daré nombres. Pero en un mensaje en X donde reproduje una noticia acerca de una entrevista a un fiscal en un tema muy mediático, la mayoría de gente lo criticaba -cuando no se lanzaba directamente al insulto- asegurando que su postura se debía a su afiliación ideológica y asociativa, cuando en realidad pertenecía a la asociación cont5raria, y lo único que había hecho es ejercer su oficio y responder a la entrevista con honestidad. Quien quiera entender que entienda.

              En cualquier caso, no voy a llevar el lirio en la mano en todo momento y negar que la política se involucra más veces de las que quisiéramos en nuestro oficio. Y el modo de elección del Fiscal General del Estado y la del Consejo General del Poder Judicial no ayudan, desde luego. Quizás habría dar alguna vuelta a estos temas. Pero ya sabemos que doctores tiene la ley, y que la ley viene determinada por lo que se decide en las urnas, muy lejos de Toguilandia.

              Y con esto cierro el telón por hoy. No sin antes dar mi aplauso no solo a quienes resuelven independientemente de su ideología, sino también para quienes las leen e interpretan independientemente de la suya.