Productividad: no hacemos churros


churreria

El arte no siempre va de la mano de la productividad. Aunque hay artistas con una ingente producción, también los hay con apenas una o dos obras, cuya calidad e inspiración han merecido un puesto en el Olimpo de los elegidos. Así ocurre con pintores, escritores o cualquier otra manifestación artística, incluidas las que desarrollan en los escenarios. Las musas es lo que tienen, que vienen cuando les da la gana, y no se le puede exigir a un artista que fabrique obras como si fuera el protagonista de Tiempos Modernos en plena cadena de montaje.

La productividad tampoco debería casar bien con determinados trabajos. Es comprensible que si se fabrican automóviles o se venden enciclopedias o pólizas de seguro, se premie a quien más fabrique o venda, sobre todo si depende de su esfuerzo, y la empresa quiere recompensarlo a la vez que incentivarlo. Pero no todas las cosas se elaboran como churros. Y algo así es lo que nos pasa en Toguilandia.

He de reconocer –al césar lo que es del césar- que la idea de este estreno no llegó sola. Las musas –si es que hay musas inspiradoras de post- venían de la mano de un hilo de twitter de @JuzgeTheZipper acerca de nuestros sueldos – a los que ya dedique un estreno– y la falsa creencia de que estamos nadando en el dólar. Nada más lejos de la realidad, desde luego. Por eso exhorto a quien quiera saber un poco más a leer el hilo en cuestión y –haciendo gala de un poco de umbralismo- el estreno al respecto de nuestro teatro.

Así que he querido ir un poco más allá, y explicar algo que mucha gente seguro que ignora, en qué consiste la productividad en las carreras judicial y fiscal, un complemento que nos pagan de vez en cuando, como si fuera una limosna, en lugar de adaptar de una vez los sueldos –sobre todo algunos de ellos- a la dignidad de nuestra función. Y ojo, hablo de dignidad, que va mucho más allá de una reivindicación basada en el vil metal, por más que pudiera parecerlo.

Hace ya algún tiempo alguien se sacó de la manga una cosa llamada “productividad”, tal como hacen determinadas empresas privadas con sus empleados más dispuestos. Lo primero que cuestiono es el propio concepto. Si el Estado forma y selecciona a determinadas personas para ejercer un puesto, si las dota de los medios y distribuye el trabajo de forma adecuada, no cabe este concepto. El Estado no produce, sino que satisface las necesidades y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, que no son cuantificables ni mucho menos comparables entre ellos. Incluso si se trata de incentivar, tiene algo de insulto. Porque es insultante pensar que jueces o fiscales vayamos a poner más sentencias, o a hacer más dictámenes si nos pagan más por ello. Se supone que nuestro sueldo está para eso, sin necesidad de incentivar nada, ¿no? Aunque tal vez sea yo que peque de ilusa. He ahí la principal razón por la que nos hemos opuesto a este complemento. Somos servidores públicos, no mercenarios de la justicia.

Pero además del qué, está el cómo, que da para mucho. En esencia, ese complemento de productividad, semestral, se abona a jueces y fiscales en función de unos baremos, por haber hecho determinado número de escritos que superan unos módulos. Y ahí empiezan los problemas, precisamente. En los baremos y en los módulos de la puñeta, nunca mejor dicho.

El baremo se hace en función de la naturaleza del escrito. Sentencias de determinado tipo o tal otro, escritos de calificación, recursos, informes, autos y demás. Pero se olvida que en Justicia tratamos de asuntos concretos de personas concretas, que no se parecen nada entre sí. Y no puede compararse, por poner un ejemplo, un escrito de calificación de una alcoholemia por superar la tasa con una causa por una malversación de varios tomos y con varios acusados. Pero valen exactamente lo mismo en puntos , como valen igual sentencias complicadísimas que otras que se resuelven casi tirando de formulario.  Es más, hay cosas que ni siquiera se valoran, como las contestaciones de demandas civiles hechas por los fiscales, o la asistencia a declaraciones, por mucho que éstas duren. Así las cosas, lo primero que falla es el baremo.

La siguiente cuestión es la de los módulos. ¿Quien decide cuantas sentencias ha de poner un juez como media para ser valorado en uno u otro escalón –los jueces tienen tres-? ¿O cuanto ha de calificar un fiscal para ser tenido por bueno?  Y todavía hay más, porque nosotros no tenemos modo de saber cuál será el módulo, que se decide a posteriori en función del total que hayan hecho los compañeros. Incluso he visto alguna vez a jueces “guardándose” sentencias para ponerlas el mes próximo, que este ya me he pasado y lo que haga de más me sale gratis. Y no se lo reprocho, es lo que obligan a hacer. Aunque aclaro, para malpensantes, que eso solo cuando la diferencia es de días, que nadie se guarda resolver una cuestión en meses por la dichosa productividad, aunque el sistema parece que llame a ello.

Pero aún hay más, y es algo obvio. Ni jueces ni fiscales dependemos de nosotros mismos para que nos entre o salga determinada cantidad de trabajo. Tener asuntos para resolver depende, en primer lugar, de que exista un hecho, de que se denuncie o demande, de que haya funcionarios suficientes para darle entrada, y de la eficiencia de todos los que estamos, entre otros muchos factores. Imaginemos un descenso de la delincuencia en determinado partido judicial, ¿ha de salir el juez o el fiscal a la calle suplicando a la gente que delinca para tener más asuntos? ¿Y que ocurre en los partidos judiciales necesarios por su emplazamiento físico pero con poco movimiento? ¿Hay que quitar el juzgado porque no es productivo y que el justiciable recorra 100 km o más para hacer valer sus derechos?

Y ahora pongamos otro ejemplo. Imaginemos un juez que retrasa su trabajo hasta lo insoportable. Obviamente, los asuntos no llegan al fiscal que, sin culpa alguna, no produce lo suficiente. O el ejemplo contrario, que sea el fiscal quien es un manta. El juez no puede hacer más porque los expedientes se atascan en fiscalía. Obviamente, son ejemplos extremos y salidos de mi imaginación, pero posibles. Y en ese caso simplemente hay que sancionar, si procede, a quien lo haga mal, pero no entrar en aspectos crematísiticos con la producción del resto de operadores.

Y tal vez lo peor de todo es que no se valora lo único que se tendría que valorar. Que no es ni más ni menos que llevar el papel al día. Ese debería ser el único módulo admisible, de admitirse alguno. Y eso, si es posible. Porque si no lo es, como ocurre con frecuencia, por falta de medios materiales y personales, es al Estado a quien hay que darle una colleja, y no al pobre que bastante tiene con lo que tiene. Si la distribución de trabajo y el número de jueces y fiscales estuviera bien hecha, nada de esto haría falta.

De este modo, la productividad, que, además, es una cantidad anecdótica, se convierte en una suerte de lotería que a veces toca y a veces, no. Incluso sé de fiscalías donde han institucionalizado una cena donde los afortunados en el bingo de la productividad invitan con eso a sus compañeros no premiados. Tal como lo cuento.

La cuestión, como decía, es de fondo. No se trata de darnos una limosna extra para tapar bocas, sino aplicar ese dinero a mejorar el sueldo de todos, especialmente de quienes, por ocupar una plaza de categoría inferior, aunque hagan el mismo trabajo, cobran bastante menos. Somos ya moyorcitos y mayorcitas para conformarnos con migajas ni limosnas.  ¿o no?

Así que, una vez explicada esta cuestión espinosa, solo queda dar el aplauso. Y esta vez para todos, que trabajamos todo lo que podemos sin tener en cuenta esas cosas. Aunque a veces entren ganas de mandarlo todo a hacer puñetas.

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