A la mayoría de personas les gusta el teatro. Unos géneros más y otros menos, pero todos hemos disfrutado de una buena película o una buena representación teatral. Pero hay algo más. Todos hemos aprendido, y aprendemos, de lo que vemos en el escenario. Y es que es cultura. Y la cultura es un bien al que debemos poder acceder todos. De ahí que, para aquellos que no pueden costearse la entrada, haya funciones gratuitas, y de ahí también las subvenciones que los artistas reciben, para poder realizar su labor. Aunque algunos no lo entiendan.

                En nuestro teatro pasa algo parecido. También la justicia, como la cultura, es un bien universal, al que todas las personas deben tener derecho. Que no lo digo yo, lo dice la Constitución, con eso de que la justicia emana del pueblo. Ya dije en su día que si la justicia era del pueblo, difícilmente se debería hacer pagar por acceder a ello, como ocurría con las malhadadas tasas (Tasas, el precio de la justicia.), ya reducidas, por fortuna, aunque no del todo eliminadas, como algunos quieren hacernos creer. Por poner solo un ejemplo, cualquier ONG debe seguir pagándolas, por más que sus fines sean los más loables del mundo. Pero ésa es otra historia…

                Y en nuestro teatro no siempre podemos entrar directamente en la función, sin más ni más. Al igual que en el teatro se necesita pasar por una taquilla –real o virtual-, ser recibido por un portero que controla la entrada, y encontrar el sitio con un acomodador, nuestra función también tiene sus perendengues. Y, en la mayoría de los casos, nadie puede ejercitar sus derechos, o defenderse de aquello que le reclaman, sin la concurrencia de unos profesionales: el abogado y el procurador. Profesionales pero seres humanos al fin y al cabo que, como tales, tienen la mala costumbre de comer, ir al médico, llevar a sus hijos al colegio y mil cosas más. Caprichosos que son, vaya. Así que han de cobrar por su trabajo, por extraño que pueda parecer.

                Y ¿qué pasa cuando esa persona que reclama sus derechos o ha de defenderse no tiene para pagarles? ¿Acaso se va a quedar sin función? Pues claro que no. Eso es algo que no podemos consentir, y de ahí la existencia de esa institución llamada justicia gratuita, muy relacionada con el turno de oficio, que ya tuvo su propio estreno (Turno de oficio, bomberos del Derecho) pero que no es exactamente lo mismo.

                La justicia gratuita es la obligación que tiene el estado de costear a estos profesionales a quienes acreditan insuficiencia de medios para litigar. Y obsérvese que hablo de obligación del Estado, y no de facultad. Porque no es una concesión graciosa, sino un derecho exigible. Y así lo debemos entender. Los ciudadanos somos los espectadores que reclamamos nuestra asistencia a la función, porque es una función de la que somos parte.

                Aunque muchos lo vendan de ese modo, la justicia gratuita no es una justicia low cost. Los abogados que atienden a sus clientes porque les corresponde por turno no son peores que los que cobran un pastizal. Es más, a veces so los mismos. Aunque corra el rumor de que si alguien no se gasta un dineral en un abogado no tendrá una buena defensa o representación. Y bien que he oído a varios potenciales clientes indignados porque quieren un abogado de pago, o un abogado “de verdad” –lo he oído más de una vez, o se quejan porque su letrado es de rebajas y el otro es de alta costura. Aunque muchas veces resulta que la ropa del mercadillo queda más apañada que la de Dior si la modista sabe sacarle partido o la percha la luce con donaire. Cosas de la vida.

                Siempre recuerdo un episodio que debió influirme más de lo que pensé en ese momento. Mi padre, abogado de vocación -al que dediqué mi post Abogados, estaba en casa viendo conmigo una serie de televisión llamada La huella del Crimen. El ya era mayor, y yo una niña, y asistíamos -esquivando los fatídicos dos rombos- ante ese televisor sin mando a distancia y con solo dos canales al capítulo llamado La Envenenadora de Valencia, la última mujer ajusticiada a garrote vil en España. A mí aquello me parecía algo muy lejano, pero mi padre lo acercó contándome que él en aquel entonces era pasante del letrado que defendía el caso. Y me dijo que aquel abogado se hizo cargo de la defensa de esa mujer, que no tenía donde caerse muerta -textual- porque estaba apuntado a una cosa llamada turno grave y amaba su oficio en general y el derecho penal en particular. Y que hasta la más terrible asesina tenía derecho a un juicio justo. Creo que aquello me marcó para siempre. Y, muchos años después, tuve la oportunidad de vivir una maravillosa segunda parte de aquella triste historia. Pero eso lo dejo para otro estreno, que la función debe mantener la intriga.

                Así que hoy sí hay aplauso, vaya sí lo hay. Y ovación y vuelta al ruedo para todos los que día a día hacen posible el derecho de todos a ejercitar sus derechos. Como hacía mi padre. Pero también hay abucheos y lluvia de tomates. Precisamente, para quienes se lo ponen difícil, que a buen entendedor… A cada uno lo suyo. Como es de justicia.