JURADO: INVITADOS DE LUJO


FOTO JURADO

                Llevamos ya muchos pases de nuestra función, viendo el desfile de personajes que por ella aparecen. Fijos y eventuales, principales y secundarios, profesionales o aficionados. Pero hasta ahora, todos ellos se situaban a uno otro lado de la línea que separan los estrados. Pero hoy vamos a conocer a un personaje colectivo que no se sitúa en uno u otro lado. No es profesional, pero tampoco ha tenido intervención en el argumento que dio lugar al juicio. Es más, cuanto menos sepa de él, mejor. Y es tan especial su posición que, cuando aparece en el escenario, necesita un sitio especial en un sala especial, la del Tribunal del Jurado, con sus once sillas preparadas (nueve titulares y dos suplentes) junto al Magistrado presidente. Su difícil labor ha sido objeto de antológicas películas, como la inolvidable Doce hombres sin piedad, o algunas más recientes, como Coacción a un jurado.

                Ser jurado es un derecho y una obligación, al tiempo que una enorme responsabilidad. Su aparición en nuestra función tiene lugar en contadas ocasiones, pero en esas ocasiones son parte esencial. Tanto, que en sus manos está cuál sea el final de la obra, feliz o triste, de absolución o de condena. O de ambas cosas, porque pueden condenar a nos acusados y no a otros, o hacerlo por unos delitos y no por otros. Ahí es nada.

                Las apariciones del jurado en nuestro teatro son cuantitativamente escasas pero cualitativamente importantes, como ocurre en las películas cuando un famoso hace un cameo, interpretándose a sí mismo. Y al igual que ocurre con la intervención del famoso en la película, la del jurado en nuestra función aumenta su atractivo.

                Soy consciente de que hay partidarios y detractores del jurado, al igual que sucede con quienes aparecen como estrellas interpretándose a sí mismos. Hay quien prefiere que sean solo profesionales quienes participen en la obra –“zapatero, a tus zapatos”- y quien piensa que una intervención diferente añade frescura y atractivo a la representación. Para gustos, los colores.

                Pero guste o no guste, lo cierto es que es algo contemplado en nuestra Constitución como el modo más directo de participación del ciudadano en la Administración de Justicia. Y que, aunque no es tarea fácil, quienes la realizan lo hacen con la mejor de sus disposiciones. Y el resultado suele ser acorde con el sentido común, lo que no es poca cosa. Salvo contadas excepciones, claro. Algunas de ellas, muy sonadas. Pero quizás ello proviene más de los defectos de la regulación que de la institución misma. Empezando por los delitos que deban ser enjuiciados por el tribunal del jurado. La ley ofrece un catálogo que no deja de ser, cuanto menos, curioso. Junto a supuestos esperables y razonables, como los de homicidio y asesinato, se incluyen en el conocimiento del tribunal del jurado delitos cuya asunción es más que discutible. Unos, como el allanamiento de morada o las amenazas condicionales, por su escasa entidad que no justifica en modo alguno el coste económico que el jurado supone, algo así como matar moscas a cañonazos. Otros, porque su complejidad no casa bien con un tribunal de ciudadanos legos en Derecho, como los delitos cometidos por los funcionarios públicos tales como el cohecho –no hace falta que recuerde el ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza- o las exacciones ilegales, un delito que ni siquiera los juristas sabríamos definir con claridad.

                Ser elegido miembro de un jurado popular puede ser visto por el afectado como un privilegio o como una desgracia. Como un cargo o como una carga, vaya. Y ahí he visto de todo. Desde quienes trataban de escaquearse de cualquier modo, con las excusas más peregrinas, hasta quienes lo desean con todas sus fuerzas. Recuerdo un conocido que, parafraseando a una famosilla de pro, me decía: “yo, por ser jurado, maaaato”. He de decir que, para su disgusto, no lo logró, porque, aunque llegó a la fase final de la selección de candidatos, fue rechazado por uno de los letrados en una de las recusaciones sin causa que prevé la ley. Tal vez fuera precisamente por la emoción que manifestó en el interrogatorio al respecto.

                Y es que, para quien no lo sepa, llegar a formar parte de un jurado supone pasar por una serie de pruebas, casi como castings, hasta formar parte de los once elegidos. Un casting no voluntario, pero casting al fin y al cabo. Primero, un sorteo bianual con base al censo, después un posterior sorteo para cada procedimiento concreto, una fase de excusas para quedarse con un número más reducido de candidatos y, por último, entre esos escogidos –algo más de una veintena- la prueba final que, previo interrogatorio por los actores profesionales –letrados y fiscal- determina quienes van a ser ese selecto grupo que actúe como invitado especialísimo en nuestra función. Confieso que una vez le comenté al magistrado que presidía un jurado en el que yo intervine, que aquello era algo así como las “audiciones a ciegas” de un conocido concurso de talentos televisivo. Me contestó que tenía razón, y que podríamos proponerlo. Aunque no nos decidimos, claro está.

                Pero, como he dicho, se sea partidario –como es mi caso- o no, del jurado, lo bien cierto es que existe, y hay que reconocer el papel fundamental que estos ciudadanos tienen. Aunque para nosotros nos suponga un esfuerzo añadido el adaptar nuestro lenguaje, muchas veces engolado e ininteligible, a un discurso que pueda ser entendido por cualquier persona. Lo que, si se logra, supone un modo de acercar la justicia al ciudadano no comparable a ningún otro.

                Así que, más allá de nuestra postura a favor o en contra, o de una eventual necesidad de dar una capa de chapa y pintura a la ley, que parece que nunca llega, hay que reconocer la labor de estos ciudadanos que cumplen con su deber participando en nuestra función. Y, desde luego, reconocer el valor de su participación. Y yo así lo hago, desde aquí, y desde el escenario de nuestra función.

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