Competencia: el órgano justo


                Estar en el sitio y en el momento  adecuado no siempre es fácil. Dice un refrán que más vale llegar tarde que tardar cien años, y una conocida canción pregunta ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, al tiempo que otra pregunta “¿Dónde estabas entonces?”, frase que dio título a un programa de televisión. Por su parte, el cine está lleno de propuestas de Un lugar donde refugiarse, Un lugar donde quedarse o Un lugar en el mundo. Y hasta de Un lugar llamado milagro.

               En nuestro teatro, el tiempo y el lugar tienen una traducción procesal: la competencia. Las normas de competencia son las qué determinan qué juez o tribunal han de conocer cada caso y, correlativamente, las normas con las que lo hará. Como es obvio, esas normas tienen que estar establecidas previamente, a diferencia de lo que ocurría antes de la Constitución. Nuestra norma suprema prohíbe los tribunales de excepción y los creados ad hoc para un supuesto concreto, así como los tribunales de honor. Atrás quedaron, por fortuna, ejemplos como los de los Tribunales de orden público, los tristemente famosos TOP. Algo que yo no conocí pero, por los testimonios de quienes sí lo hicieron, dejaron un amargo recuerdo.

               El término “competencia” tiene distintas acepciones y, tal vez por eso, no siempre es bien comprendido. Nada tiene que ver la competencia procesal con la dura competencia a la que nos enfrentamos a la hora de aprobar una oposición, cuyo mecanismo, como es bien sabido, consiste no solo en conocer y exponer bien la materia, sino hacerlo mejor que el resto para conseguir esa plaza ansiada.

               Otras de sus acepciones  es la que hace referencia a la preparación que alguien tiene para realizar determinadas labores o ejercer determinados trabajos. Y ahí es donde encontramos anécdotas curiosas.  Todo el mundo que lleva tiempo en Toguilandia ha vivido uno de esos casos donde el justiciable pone una expresión a medias entre pasmado y enfadado cuando el juez dice a su abogado que es incompetente. Me contaba una amiga abogada, muerta de risa, que su cliente la reprendió por llamar incompetente al juez, que se iba a enfadar y no les iba a dar la razón. Y a la inversa, también sé de algún cliente indignado con su abogado porque el juez  “le ha llamado incompetente”. Y lo que cuesta explicar a veces que esa incompetencia es la consecuencia de una norma procesal, y no un adjetivo peyorativo para quien sea.

              Pero vayamos al lío, las normas de competencia que determinan quién ha de conocer en cada momento. Lo primero es determinar ante qué jurisdicción nos encontramos. Por más que en tertulias varias se hable sin empacho de demandas penales o denuncias civiles, no se pueden hacer esos mix inaceptables en Derecho y empezar las cosas por el principio. Estoy segura que, cada vez que alguien dice “demanda criminal”, se cae una página del Aranzadi, versión toguitaconada de eso de que se muere un gatito, que siempre me da mucha pena.

                Los asuntos van a un juzgado civil, penal, contencioso, mercantil o laboral. A veces, un mismo juzgado suma funciones de dos jurisdicciones, como ocurre con los juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción que, en realidad, son uno u otro según estén actuando en cada momento. A este respecto un caso curioso es el de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que son juzgados penales con competencias civiles. La diferencia con los anteriores es que esos son mixtos, es decir, conocen supuestos civiles y penales, mientras que los de violencia sobre la mujer conocen de delitos, y de los asuntos de familia que afectan a los sujetos de esos delitos, y solo esos. La razón es fácil de entender : que el mismo órgano judicial que conoce del maltrato, conozca también del divorcio o la custodia de los niños, para tener presentes todos los datos para tomar la mejor decisión posible.

                Hasta aquí, solo se ha aludido a la materia. Pero la otra coordenada de nuestra ubicación procesal es el lugar, del que depende que , entre todos los órganos de la misma jurisdicción, haya de conocer uno u otro. En el Derecho Civil la competencia puede, incluso, depender de la sumisión de las partes y como regla general, a falta de otra, rige el criterio del domicilio del demandado. O del trabajador, si hablamos de Derecho laboral, aunque hay muchas posibilidades de fueros competenciales diferentes

               En Derecho Penal, por el contrario, nunca las partes tienen nada que decir sobre la competencia. La establece taxativamente la ley, y es siempre el lugar de comisión del delito, si se conoce, salvo en la violencia de género que rige el del domicilio de la víctima. Pero no siempre es fácil determinar el lugar de comisión del delito. Como la ley viene de un tiempo añejo, donde las cosas no eran como hoy, nadie se planteaba problemas que son el pan nuestro de cada día ahora. ¿Cuál es el lugar de comisión del delito cuando se envía un correo electrónico, un mensaje de whatsapp o de redes sociales? Pues aun se sigue mareando la perdiz con el servidor, la sede de la red social o el lugar donde ser recibe el mensaje, si es que se sabe. Pero como nos toque irnos hasta Sylicon Valley ya se sabe, con la Iglesia –tecnológica, eso si- hemos topado.

              Y aún hay más. ¿Cómo se determina quién de todos los Juzgados del mismo orden, con la misma competencia territorial, debe conocer? O, para explicarlo más claro, quién decide si es el juzgado de instrucción 1, 2 o 3, el de Primera Instancia 24 o 25 o el Social 5 o 6. Y eso no puede dejarse al azar, claro esta. Para solucionar esa cuestión, están lo que lamamos normas de reparto, que sientan los criterios para atribuir a uno u otro. Las normas de reparto pivotan sobre dos ejes, el tiempo en que sucedieron los hechos, y el orden correlativo para repartir los asuntos. El fin es la equidad en la distribución y que el Juzgado Decano, que es quien reparte, no tenga que oír eso de que quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Porque de eso nada.

              Por último, y por arrimar el ascua a mi sardina, diré que en las cuestiones de competencia ha de intervenir el Ministerio Fiscal. En las de competencia, no en las de reparto, que hay quien las confunde. Y lo hace tanto a la hora de adoptar la decisión, como a la hora  de resolver cuando se plantea un conflicto o una cuestión de competencia entre dos órganos que creen cada uno que lleva la razón.

                Así que hasta aquí el estreno de hoy. Espero haber sido lo suficientemente competente para explicar la cuestión, aunque aún así no pido el aplauso para mí sino para quienes cada día han de tomar estas decisiones. Que no son nada fáciles, por cierto.

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