A veces unas cosas no se entienden si no es con relación a otras. Quien nos habla lo hace con la certeza o el convencimiento de que compartimos ciertas cosas, y si ese conocimiento previo falla, nos perdemos parte de la historia o hasta la historia entera. Y nos quedamos con cara de tontos. Imaginemos qué pasaría si ignoráramos las referencias que se hacen a otras películas en Schreck, en Scarie Movie –o su versión patria Spanish Movie– o hasta en muchos capítulos de Los Simpson. Pues la cosa perdería su gracia.

Y algo más que gracia perdería si careciésemos de unas referencias culturales comunes. Pocas cosas tendrían sentido si no supiéramos de qué nos están hablando de El Quijote, La Armada Invencible o el Holocausto, por poner un ejemplo. Y no nos llegaría tan hondo El Niño con el Pijama de Rayas o La Vida es bella si no supiéramos que se esconde tras esas alambradas y esas espeluznantes columnas de humo. Un mínimo acervo común para manejarnos que, de no existir o no ser tan común, se suple en los libros con esos asteriscos que nos llevan a la letra pequeña de los pies de página que suelen despertar el deseo irrefrenable de saltárnoslos. Y, si sucumbimos, nos dejan con la historia a medias.

También en nuestro mundo toguitaconado nos vemos obligados a manejar algunas referencias que, de no conocer, nos dejan sin parte de la historia. Y que pueden hasta cambiar el final, esto es, la decisión a tomar, que no es cualquier cosa. Gran parte de ella forman parte –o debieran hacerlo- de nuestros conocimientos jurídicos. Esto es, se suponen que viene en el pack con el título que colgamos en la pared que nos acredita como Licenciados –o graduados ahora- en Derecho. El mismo pack donde viene esa orla en la que la mayoría tenemos cara de pipiolos, un peinado conforme a la época, y una toga prestada que parecía habernos caído de un quinto piso. Tal como éramos, que el tiempo que no pasa en balde.

Pero, aunque no permanezcan las melenas que un día tuvieron algunos y que pasaron a la historia, ni los cardados, ni la piel tersa que entonces lucíamos, se supone que lo que sí debe permanecer es ese remanente de conocimientos que un día adquirimos y que se supone que mantenemos y hasta mejoramos, a base de regarlo como si de una plantita se tratara. Y a pesar de lo difícil que nos lo pone a veces el legislador, cuando le entra la furia reformadora y no damos abasto. Pero ahí están, desafiando al paso del tiempo, cosas como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la buena fe, el dolo, la culpa y hasta el tercero hipotecario.

Otra cosa distinta son  esas otras referencias, las que redirigen a cosas concretas de otro precepto de la misma o distinta ley. Lo que damos en llamar concordancias y sin las cuales el precepto puede cambiar su sentido, o hasta quedar vacío de contenido. Algo así como la parte contratante de la primera parte del genial Grouxo Marx.

Recuerdo que, durante mi tiempo de opositora, me volvía loca cada vez que la Ley de Enjuiciamiento Criminal me ponía como requisito –para la conformidad, por ejemplo- que se tratara de una “pena correccional”. ¿Qué diantres era aquello? ¿No eran todas las penas correccionales, en el sentido de que debían tender a la rehabilitación del penado? ¿O es que solo corregían algunas de ellas? La respuesta era sencilla, una vez conocida. Se trataba de una referencia a un límite de pena que el legislador había derogado como tal pero que había olvidado corregir –él es quien necesitaba una corrección-. Solo había qué saber qué límite era ese -6 años, si no recuerdo mal-, para interpretar el precepto correctamente. Porque el legislador descuidó la concordancia.

Por desgracia, no es el único ejemplo. Chapuzas de este tipo pueblan nuestro ordenamiento. Aún queda por algún lado alguna referencia a las faltas –desbancadas hoy por los delitos leves o levitos– y recuerdo que durante mucho tiempo se mantuvo vigente un precepto que sancionaba los fraudes de subvenciones europeas contabilizándolos en ecus, moneda  que jamás llegó a tener vigencia, arrumbada por su flamante sucesor el euro.

Me preguntaba hace poco mi buen amigo Francisco Rosales, notario para más señas, qué pasaba ahora con el delito de impago de pensiones, puesto que el artículo del Código Penal seguía refiriéndose a «convenio judicialmente aprobado», pasando por alto la nueva realidad de las bodas ante notario, lo cual dejaría fuera de ese tipo concreto el impago de una pensión acordada en un matrimonio ante notario. Las posibilidades jurídicas son diversas, pero la chapucilla ahí queda.

Como están, también los cambios de denominaciones que no acaban de encajar en el sistema. El nuevo término investigado –que sustituye a imputado-, por ejemplo, hará que ahora se estudien las causas de ininvestigabilidad, en lugar de las de ininmputabilidad. Y cómo vamos a investigar si alguien es o no imputable, si a priori decimos que es ininvestigable. Misterios sin resolver.

Como misterio es también encajar otro término de nuevo cuño, el de Letrado de la Administración de Justicia. No ofrece especial problema con los que sirven en los Juzgados, pero ¿qué pasa con cargos como el de Secretario de Gobierno?. ¿Se convierte en Letrado de la Administración de Justicia de Gobierno? Cuento menos, un poco raro sí suena. Pero sería lo coherente en principio. Veremos.

Y esto son solo algunas muestras. Nuestras leyes están salpicadas de chapuzas y chapucillas hijas de la precipitación y las prisas, y madres de la falta de exquisitez técnica que sería deseable. Por eso acaban cuajándose de bises -que no son una repetición a petición del público en este caso- o quinquies -que tampoco son lo que parecen. Pero, con las prisas que le entran en algunos momentos al legislador, acaba siendo algo inevitable.

Por eso hoy el aplauso es, ni más ni menos, para la paciencia de todos los aplicadores del derecho que sobreviven a estas cosas tratando de hacer Justicia y no de cumplir un mero trámite. Que no nos lo ponen fácil precisamente.