Parece que fue ayer cuando nuestro gran teatro de la justicia levantaba por vez primera el telón y ya van estando bien gastadas las tablas de nuestro escenario. Como debe de ser en todo espectáculo que se precie. Pero, aunque algunos no los crean, aun nos quedan personajes esperando su debut. Y el de hoy es uno de ellos.

Se trata de los Letrados del Estado, o de las Comunidades Autónomas, cuando proceda. E incluso, en ocasiones, los de determinados Ayuntamientos. Que, como el Guadiana, aparecen con fuerza en alguna función para desparecer y no volver a emerger hasta nueva ocasión, cuando su presencia vuelva a ser necesaria.

No es sencillo describir el papel que representan en esta función nuestra. Como un invitado especial, de pronto aparecen en determinadas representaciones, aunque no sean muchas, Pero cuando lo hacen, la atención se centra, aunque sea por un momento, sobre ellos. Y hay que hacerles justicia, porque de eso se trata.

Siempre recordaré que en mi primer destino llamaban jocosamente al Abogado del estado que solía venir a nuestros juicios “El Rey Sol”. Y no era porque le gustara el ballet, ni porque su atuendo fuera versallesco, no. Era porque, a la pregunta de si estaba el representante del Estado voceada por el agente judicial a la puerta de la Sala, solía responder “El Estado soy yo”. Y se quedó por siempre con este sobrenombre cariñoso, que él conocía y asumía con una sonrisa.

Pues bien, de eso se trata. De un Letrado que representa al estado, o la Comunidad Autónoma y tiene a la institución como su cliente. En ocasiones, como demandante, otras, como demandado, y otras, como responsable civil o como acusación particular, según los casos. Porque el Estado y las Comunidades Autónomas son sujetos de Derecho y como tales entran en el tráfico jurídico y se ven envueltas necesariamente en juicios, a propia instancia o a instancia de otros.

Quizás alguno se pregunte qué diferencia hay entonces entre esta figura y la del Fiscal que, como vimos, representa en cierto modo a la sociedad. Y la respuesta no es otra que ésa, que estado y ciudadanos no son la misma cosa, aunque el estado esté formado por todos los ciudadanos y todos los ciudadanos pertenezcamos a un estado o comunidad autónoma. Nuestros intereses no son los mismos. Incluso, pueden ser radicalmente distintos. Si no fuera así, jamás podría un ciudadano acudir ante un tribunal a reclamarle al estado. Y aquí, como en otros muchos casos, es donde entra en escena nuestro personaje.

Así, en nuestra vida diaria, el estado o la Comunidad correspondiente pueden ser empleadores –como ocurre con sus funcionarios- y verse como demandantes o demandados en juicios laborales. Puede también ser parte en contratos, y deberán dirimirse en los juzgados las incidencias de éstos, como un incumplimiento de unos o de otros. Igualmente, puede ser reclamante de una indemnización o ser reclamado por ella, si el ciudadano considera que el mal funcionamiento de los servicios públicos le ha supuesto un perjuicio. Y puede también ser cuestionado en vía de recurso por las resoluciones por él dictadas y que se consideren injustas o perjudiciales.

También intervienen en la jurisdicción penales, de muy diversos modos, a uno u otro lado de los estrados. Pueden tener que defender al estado como responsable civil por las acciones realizadas por sus funcionarios, o por cargos pertenecientes a él, y pueden también ser directamente quienes asuman una posición de denunciantes, como ocurre en las malversaciones de caudales públicos. Y del mismo modo pueden ejercer la acusación particular en representación del estado en determinados delitos especialmente gravosos para la sociedad, como ocurre con la Violencia de Género.

Así que ahí están, aunque a veces no los veamos, con su toga y su placa correspondiente. Y por eso, fijémonos en ellos por un momento y no les hurtemos ese aplauso que tantas veces merecen por su actuación.