No es la primera vez que hablamos del reflejo de la vida judicial en el cine. Ni será, desde luego. la última, porque pocas cosas más atractivas para el mundo del celuloide que los delitos, desde su comisión hasta su enjuiciamiento. Son muchas las películas de juicios, como Algunos hombres buenos o Testigo de cargo entre miles más, y también las que hacen referencia a la investigación o al proceso, e incluso a la ejecución, como Cadena perpetua o Pena de muerte, también entre otras muchas, y, por supuesto, a la repercusión mediática, como la inolvidable Primera página. No obstante, me quedo, a los efectos que hoy me interesan, con el título de una reciente serie española, Perdiendo el juicio. Un juego de palabras capaz de ilustrar muchas de las situaciones que vivimos.

                En nuestro teatro, la relación con la prensa es una relación de amor odio que cada día crece más en ambos sentidos. Y ello por varias razones.

                En primer lugar, a nadie se le escapa que los sucesos siempre han sido objeto de atención para los medios de comunicación. Recordemos los tiempos, ya lejanos, en que había un periódico que se dedicaba solo a esos asuntos, cuanto más morbosos mejor, El caso. Eran tiempos en los que no había más modo de conocer las cosas que la prensa escrita y, si nos retrotraemos mucho más, ni todo el mundo podía permitirse comprarla ni sabía leerla.

                Precisamente de esa época datan algunos de los preceptos de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, y por eso, entre otras razones, resultan insuficientes para proteger la reserva o el secreto de determinadas partes del proceso. Sin ir más lejos, se prevé para evitar mayores males a la víctima, la celebración a puerta cerrada, cuando hoy en día una puerta cerrada poco puede solucionar ante la eclosión de tecnologías capaces de difundir al mundo entero, minuto resultado, cualquier cosa que ocurra.

                Y es que, nos guste o no -que no debería gustarnos-, las filtraciones están a la orden del día. Lo que habría que saber es si realmente son inevitables, como parece. No debemos olvidar que, por el contrario de lo que ocurre con la fase de juicio oral, en que las actuaciones se rigen por el principio de publicidad salvo excepciones muy concretas, durante la instrucción las actuaciones son siempre reservadas, aunque no se haya decretado el secreto de sumario, que ofrece una protección reforzada aún mayor.

                No obstante, en este estreno me gustaría ir más allá, y ahondar, no ya en el conocimiento de actuaciones que no deberían ser conocidas, como las declaraciones judiciales, grabadas en la misma sala y retransmitidas por medios de comunicación y redes sociales hasta el infinito y más allá, sino en su interpretación. Porque, según el medio y hasta el periodista que las cuente, una misma actuación judicial se puede interpretar de un modo y del contrario, con una gran gama de grises por el medio. Y ese es, precisamente, el problema.

                En este momento, podría citar más de veinte asuntos que se conocen en los distintos juzgados de instrucción de España, donde todo el país sabe qué se hace y qué no se hace en cada momento. Y, curiosamente -o no- dependiendo de quién lo cuente, las cosas han sucedido de una manera o de otra, confirman la versión de una parte o de otra, o dan la razón a todos y a nadie. Y esto no es informar, sino desinformar, aunque haya quien crea lo contrario.

                La libertad de expresión, tan sufrida, no puede ampararlo todo. Y es que ha de interpretarse en relación con el derecho de la ciudadanía no solo a la información, sino a recibir una información veraz, que es lo que consagra la Constitución. Y manipular un acontecimiento con interpretaciones que lo retuercen hasta deformarlo no es veracidad, desde luego.

                ¿Hay solución para ello? Pues, más allá de la responsabilidad de cada medio, es difícil. Porque, si bien la respuesta debería encontrarse en acudir a las fuentes oficiales -Gabinetes de prensa de Juzgados o Tribunales o Portavocía de la Fiscalía-, lo bien cierto es que estos no pueden informar sino hasta donde se puede informar, e informar de algo que, según la ley, es reservado, no puede hacerse sin vulnerar las propias normas que defendemos. Lo cual nos deja, paradójicamente, indefensos, al albur de lo que quiera contar el gacetillero de turno.

                Por descontado, todo esto guarda relación con la realidad de la prensa actual, todo ella imbuida por la línea editorial de cada medio y, en definitiva, por el interés en no perder el apoyo de quine financia esos medios. Y así nos va. Atrás quedaron los tiempos románticos en que asuntos como el Watergate saltaban a la luz por la heroica actitud de periodistas que se comportaban como modernos David contra Goliat.

                No sé si la cosa tiene solución, pero debería tenerla. Porque en otro caso, la polarización y el enfrentamiento serán cada día mayores en nuestra sociedad, y los bulos camparán por sus fueros. Y eso no conviene a nadie.  O no debería.

                Así que no me queda otra que apelar a la responsabilidad de quienes publican y a la transparencia de quienes pueden dar explicaciones sin salirse de los márgenes de la ley. Un equilibrio de fuerzas que, de darse, merece el más entusiasta aplauso. Sin duda alguna.