En nuestros días, se está hablando constantemente de curriculums e historiales, en una ataque de titulitis de los que hacen historia. No obstante, la cuestión ni es nueva ni es ajena al mundo del cine. De hecho, hay una película de 2007 que tiene por título Curriculum, pero hay hasta cinco -si no más- filmes titulados Curriculum vitae.

          En nuestro teatro no damos demasiada importancia al curriculum. O, al menos, no tanto como en otros ámbitos. Probablemente porque buena parte de quienes protagonizamos sus funciones accedemos a nuestros papeles por oposición, para la cual, según sea el puesto, se requiere una determinada titulación que, o se tiene o no se tiene, sin que nadie valore a la hora de entrar si estamos en posesión de una docena de títulos universitarios más, de doce masters o del cursillo de natación de nuestros barrios.

              No obstante, sí que es cierto que hay un resquicio de lo anterior donde el currículo puede tener importancia. Se trata del posible acceso a la carrera judicial a través del tercer turno -un tercio de las plazas para juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de antigüedad- o de la nueva regulación en vías de trámite, que amplía esa posibilidad de entrada a un cuarto turno -o lo reabre, porque ya había existido- para entrada en la carrera judicial para juristas con solo cinco años de antigüedad y donde se valorarán los méritos. Y ahí es donde entra, o puede entrar, el baile de títulos. La cosa no es baladí, porque ha sido uno de los motivos de la reciente huelga de jueces y fiscales y veremos como acaba. Tiempo al tiempo.

              Pero salgamos del foco de Toguilandia y volvamos a nuestro papel. ¿qué valor tienen esos currículums y qué consecuencias tiene falsearlos o inflarlos? Vamos, que nos vamos.

              En primer término, es preciso distinguir entre aquellas profesiones que requieren una titulación concreta para ejercerla y aquellas que no lo requieren, y el efecto en ambos casos de la falsedad.

              Cuando hablamos de profesiones como la Medicina o la Abogacía, ejercerlas sin estar en posesión del título constituye un delio de intrusismo y, si ese título se ha falsificado, un delito de falsedad, además. Hay, además, requisitos especiales en algunos casos, como el de la colegiación en la abogacía, que habilita para el ejercicio y cuya carencia puede dar lugar, si se ejerce la profesión, a la responsabilidad correspondiente, aunque no sea en la vía penal. Es decir, que no es lo mismo ser abogada o abogado que estar en posesión de un título que acredita haber estudiado el grado o la licenciatura en Derecho.

              Sin embargo, hay otras profesiones como la política, donde oficialmente no se exige absolutamente ningún título, universitario o no. Además, para acceder al cargo por el método más legítimo, el de las elecciones, no se aporta ningún historial en las papeletas o en la campaña, por más que se pueda, si se quiere, hacer valer como merito ante el electorado. De este modo, aunque haya una titulación universitaria que, al menos teóricamente, es la más apropiada para ejercer un cargo político, se pude tener cualquiera, e incluso ninguna. Esto implica que ejercer estos cargos sin título no constituye, desde luego, el delito de intrusismo del que hablaba antes.

              Otra cosa es que, en la declaración que hacen sobre su historial para que conste en las respectivas informaciones del Congreso, el Senado, o el organismo de que se trate, hayan hecho constar una titulación de la que carezcan. Esta mentira, sin llegar a constituir un delito de falsedad, sí que supone una responsabilidad clara y debería dar lugar a l consecuencias correspondientes. Pero eso son ellos y sus partidos quienes lo decidirán, y, en último término, el electorado, quien confirmará lo acertado o no de estas y otras decisiones.

              También es diferente la situación en que un título sea necesario para acceder a determinado cargo o para ascender en él. En ese caso podría incluso haberse cometido un delito de usurpación de funciones, pero habrá que ver en cada caso el título omitido y la necesariedad del mismo. Eso sí, falsificarlo sería un delito.

              Más allá de todo esto, está la picaresca. El vender como máster un cursillo de unos días, engordar un congreso como si fuera un curso o hacer pasar por una Universidad extranjera lo que no lo es. Y es que tenemos una titulitis aguda que ya ha pasado a ser crónica. Una costumbre que, por suerte, en Touguilandia aun no ha penetrado, probablemente porque no sirve de nada

              Por todo ello el aplauso es hoy, simple y llanamente, para quienes dicen la verdad. Porque, aunque hay quine lo diga la verdad nunca está sobre valorada. Como las vacaciones.