Hoy en día se hacen encuestas de cualquier cosa. Las estadísticas marcan gran parte de nuestra vida, incluido el mundo de las artes escénicas. Aunque jamás he dirigido ni mucho menos producido una película -ni creo que lo haga- estoy segura de que antes de embarcarse en un proyecto cinematográfico de cierta envergadura, se sondea el mercado y cuál vaya a ser la eventual acogida del filme. Aunque, evidentemente, siempre hay errores. Que se lo digan si no a productores de películas como Waterworld o Cats, que se pegaron el batacazo del siglo pese a sus grandes expectativas, o, en el lado contrario, películas de bajo presupuesto para sus grandes resultados como El proyecto de la bruja de Blair, Halloween o la inolvidable Rocky, primera de una larga y exitosa saga.

              En nuestro teatro no funcionamos con encuestas, pero existir, existen. Y algunas son especialmente ilustrativas, sean conocidas o desconocidas.

              Quizás una de las estadísticas más conocida sea la del número de jueces o fiscales por ciudadano, una estadística en la que España sale bastante malparada. Según un estudio de 2021 España tiene 11.5 jueces/as por cada 100.000 habitantes frente a los 17,7 de media europea. Y en lo que a la carrera fiscal respecta, la coa es aún peor, ya que hay 5.2 fiscales por cada mismo número de personas frente al promedio europeo, que es de 11,25. Estas cifras deberían llevar a pensar que de entonces a acá las cosas deberían haber mejorad mucho, pero de eso, nada. Porque la única manera de mejorar este porcentaje es la creación de plazas en la judicatura y en la fiscalía, y en estos tiempos la cicatería es más que evidente. De hecho, la recientísima ley de eficiencia parece atender al criterio de “ahorrar” en número de jueces al convertir los juzgados como unidad en secciones, de modo que la sustitución interna sea mucho más sencilla. Pero igual es cosa mía, y da un resultado estupendo. No me importaría equivocarme en mi predicción, la verdad.

              Otro de los porcentajes que se manejan mucho es el que alude a la proporción entre hombres y mujeres en ambas carreras. Y ahí los números cantan, aunque al final no hay que echar las campanas al vuelo. Según lo que publicaba la propia Fiscalía General del Estado por el 8M, un 75 por ciento de la carrera fiscal está ocupado en la actualidad por mujeres, aunque solo un 46 por ciento ocupan puestos directivos. Algo para hacérnoslo mirar, al igual que en la carrera hermana, donde, a pesar de que cerca del 60 por ciento de mujeres en activo, solo el 6 por ciento del Tribunal Supremo está ocupado por féminas, y algo parecido ocurre en las Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, cuyo número de mujeres ha oscilado entre 1 y 2 durante mucho tiempo.

              Pero si hay una materia especialmente proclive a las encuestas, esa es la violencia de género, donde se ha institucionalizado hasta el punto de que las macroencuestas europeas ya han tomado carta de naturaleza y se repiten periódicamente. Em estas, es especialmente interesante ver cómo se perciben -y, lo que es más importante, cómo no lo hacen- la violencia de género en la juventud.

              También es muy ilustrativo acudir a las encuestas en otras de las materias donde la infradenuncia es el gran problema: los delitos de odio. A falta de datos oficiales -lo que no se denuncia, no existe- hay que acudir muchas veces a esa encuesta para ponderar la magnitud del problema. Y esas encuestas dicen que más de un 80 por ciento de delitos de odio permanecen ocultos por falta de denuncia. Otro tema que nos deberíamos hacer mirar seriamente.

              No obstante, tal vez lo más interesante sea conocer con base a las encuestas cómo nos percibe la sociedad. Y, la verdad, hay para preocuparse. Incluso para deprimirse. De una parte, habría que ver lo que importa a la sociedad la justicia, y para eso nada mejor que acudir al CIS. Según el cual, importa poco a la ciudadanía. Sin embargo, a la hora de valorarnos, la sociedad es implacable: es de lo servicios peor valorados y un 70 por ciento están descontentos con la Administración de Justicia. Y, por paradójico que resulte, es algo francamente injusto, ya que una de las principales quejas se basa en la lentitud, y ahí, la mayo pate de la culpa no la tenemos quienes trabajamos en Toguilandia, sino quienes deciden de qué medios personales y materiales no dotal. Y ahí hay mucha tela que cortar. Lo que está claro es que es perfectamente comprensible que alguien a quien le señalan lo que denominan un “juicio rápido” a más de 1 año vista manifieste su descontento.

              Hasta aquí, solo unas pequeñas pinceladas de temas en los que estadísticas basadas en encuestas tienen incidencia directa en Toguilandia. Así que solo quedaría el aplauso. Y ese es, sin duda, para quienes, pese a todo, trabajan cada día para que la valoración ciudadana mejore. Que ya toca.