Hay cosas que hacen que salten todas las alarmas. Y hay alarmas que protagonizan películas, como Alerta roja, Neptuno hundido, Alerta máxima, Alerta personas desaparecidas, Alarma en el expreso, Alarma en las alturas y muchas más. Y es que alarmarse es humano.

              En nuestro teatro nos alarmamos por muchas cosas, pero por pocas tanto como una reforma legal de gran calado, especialmente si afecta a la organización de juzgados y tribunales. Y justamente en ello estamos, a 1 solo día a la publicación de este estreno de la entrada en vigor de la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, también conocida como ley de eficiencia o, como algunos escépticos ley de deficiencia, o deficiencia desorganizativa. El tiempo dirá si tenían razón.

              No es la primera vez que pasa. La verdad es que es más bien como vivir el día de marmota, que de vez en cuando nuestros legisladores nos obsequian con un susto de categoría mundial al cambiar de cabo a rabo una ley de tanta importancia que estar al dá amenaza nuestra cordura y, desde luego, nos quita el sueño. Cuando una ya ha pasado por cosas como un cambio completo de Código Penal o de Ley de Enjuiciamiento Civil debería estar curada de espanto, pero estas cosas nunca pillan bien.

               Además, siempre que ocurre algo así me acuerdo de los pobres opositores que reciben cada reforma de esta magnitud como una verdadera tragedia. Y no es para menos. En un sistema que, si no se cambia, es puramente memorístico, cambiar la materia que se memoriza es tirar mucho tiempo invertido a la basura. Y, como diría uno de los personajes del Un dos tres que veía de niña -La Bombi, para ser exacta-, eso duele. Y duele mucho.

              Pero no solo sufren quienes opositan. Quienes ya hace mucho que entramos en Toguilandia estamos con la angustia puesta, y con razón. Porque, cuando todo apuntaba a que lo más urgente y necesario era cambiar de una vez por todas la Ley de Enjuiciamiento Criminal que como hemos dicho muchas veces, data del siglo XIX, en una realidad en que no había teléfonos -ni móviles ni fijos, ni nada- ni automóviles -ni eléctricos, ni híbridos ni nada-, nos salen con una reforma integral y con el enésimo parcheo. Porque, como también he dicho más veces, nuestra legislación procesal penal es como una colcha de patchwork con tantos trozos diferentes que revienta por sus costuras.

              Y, ojo, que no es solo el proceso penal, sino toda la organización judicial de principio a fin, empezando por la planta judicial. De repente, lo que eran juzgados de primera instancia y de instrucción de toda la vida se convierten en tribunales de instancia, con sus secciones correspondientes, que una no sabe bien si se trata de los mismos perros con distintos collares o de un totum revolutum de consecuencias indeterminadas. En el primer caso, si se tratara de un mero cambio de nombre, cabría preguntarse para qué dar tanta vuelta si vamos a acabar en el mismo sitio, y, en el segundo, no sé si cortarme las venas o dejármelas crecer.

              ¿Y por qué soy tan escéptica y me echo las manos a la cabeza en vez de echar las campanas al vuelo? Pues, en primero y rotundo término, porque echo de menos una dotación presupuestaria importantísima que no veo por ningún lado. Creo que cualquier reforma pasa por la creación de plazas en el poder judicial y en la carrera fiscal, de LAJs y de funcionariado que no se dan o de las que yo no me he enterado. Y hablo de una ampliación real, no una cicatería como a la que nos tienen acostumbrados absolutamente todos los gobiernos, sean del sigo que sean. Porque la justicia sigue siendo la hermanita pobre de la administración, nos guste o no, que no nos gusta nada por estos lares.

              La cosa no queda ahí, desde luego. Las reformas van desde la creación de procedimientos para la promoción de medios adecuados de solución de controversias en el ámbito civil -que ya se ha bautizado con el horroroso nombre de MASC-, hasta lasaudiencias previas obligatorias en el proceso penal para favorecer las conformidades, dando carta de naturaleza a una práctica habitual en muchos juzgados y tribunales.

              Por otro lado, y para acabar de volvernos majaretas, la ley aprovecha para hacer algo que debería haber hecho hace tiempo por disposición del Convenio de Estambul y de nuestro propio pacto de Estado, como es la asunción por los juzgados de violencia sobre la mujer de todas las violencias machistas, y no solo las cometidas en el seno de la pareja o ex pareja. Que está muy bien, pero lo que no esta tanto es que a fecha de hoy no sepamos cuántos juzgados se crean para asumir tal cosa, porque de no hacerlo el colapso es seguro. Y a ello se añaden las Secciones de Infancia y adolescencia, que tampoco sabemos muy bien si supondrán más medios materiales o mezclar los existentes como si estuviéramos barajando las mismas cartas. Tiempo al tiempo.

              Hasta aquí, esta pequeña aproximación a la ley que entra en vigor, aunque más que otra cosa, parece una pataleta a caballo entre el escepticismo y el miedo. Ojala el tiempo no me dé la razón y no tengamos que decir aquello de “Virgencita que me quede como estoy”. Por eso dejo el aplauso en suspenso. El tiempo dirá si batimos las palmas o tiramos tomates