Vimos en el estreno anterior la entrada triunfal de quienes ostentan un cargo de responsabilidad en los Palacios de Justicia de este gran teatro nuestro. Aplaudimos, o no, según fuera su interpretación. Pero en realidad, no son los que más mandan. Quienes en realidad manejan el cotarro están más arriba. Son realmente invisibles, como los grandes productores, y sólo aparecen por el escenario cuando nos hacen alguna visita de cortesía o institucional o cuando la crisis es de tales magnitudes que requiera su presencia. Que Dios nos pille confesados entonces.

                Sin embargo, como a los grandes magnates del cine, los vemos por la televisión y en los periódicos con una gran frecuencia. Y desde sus despachos rigen nuestros destinos de una manera u otra. Son, fundamentalmente, el Fiscal General del Estado y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que son, ellos mismos y respectivamente, quien preside el Consejo Fiscal y quien hace lo propio en el Tribunal Supremo. Ahí es nada.

                Por razones obvias, continuaré con mi autoasignado papel de voz en off al que además, volveré a añadir eso de que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”. Mis personajes no tienen nombre propio, quede claro. Son sus papeles lo que importa, y será el espectador quien, al final de cada representación, deberá decidir si merecen un Oscar o un Razzie.

                Mucho se ha hablado de la politización de la justicia. No voy a discutirla, ni ésta es la sede para ello. Pero si en alguna parte de nuestra función entra este elemento, es sin duda en la actuación de nuestro personaje de hoy. Sus respectivos sistemas de elección han hecho correr ríos de tinta, y lo seguirán haciendo. La crítica es libre, faltaría más. Pero, al margen de cuál sea el sistema, y nos guste o no el mismo, vamos más bien a hablar de cual es su cometido.

                Ellos son primus inter pares, esto es, los más relevantes entre sus colegas. Y eso es algo que nunca se debe olvidar. Por eso, deben cuidarse de cumplir con la función de servicio público que es propia de nuestras profesiones, y cuidarse a su vez de que los que la servimos lo hagamos en las mejores condiciones posibles. Y, por qué no decirlo, de premiarnos, si lo hacemos bien, y sancionarnos, en caso contrario. También de apoyarnos y defendernos de las injerencias externas que, por desgracia, abundan en esta función nuestra, y de solventar los conflictos. Nada fácil, por cierto.

                Otra de las cosas en que deben centrar sus esfuerzos es en las condiciones de nuestro trabajo. Si tenemos que salir al escenario con un telón remendado, o nos faltan actores, o las bombillas están fundidas o el decorado roto, es algo que les incumbe. Y ellos son quienes cuentan con los medios para dirigirse a quien corresponda en busca del arreglo o sustitución de esas partes que están tan deterioradas que deslucirán nuestra representación. Y también les incumbe saber si las tablas del escenario están rotas y nos arriesgamos a una caída, o si las arañas del techo pueden desplomarse sobre nosotros en cualquier momento.

                Han de saber en qué condiciones salimos a escena, cómo es nuestra actuación, y cómo queda de satisfecho el público y por qué. Y actuar en consecuencia.

                Y, por supuesto, han de representarnos. Ellos son las únicas cabezas que muchos ciudadanos ven, y es su responsabilidad la imagen que demos los demás. Es, incluso, responsabilidad suya que el público acuda a presenciar nuestra función o decida prescindir de hacerlo.

                Por eso, de nuevo dejaré en suspenso los aplausos. Como en todo buen espectáculo, que sea el público el que decida acerca del protagonista que ha actuado y le dé su apoyo o su rechazo. Mientras el narrador se queda expectante a ver cuál es el resultado. Porque, como todos sabemos, “el público siempre tiene razón”.